Contribuyentes

JÓVENES PENSANDO LOS DERECHOS

Durante el segundo trimestre del ciclo 2014, los alumnos del quinto año segunda división, realizaron un trabajo práctico integrador de los contenidos abordados en la asignatura “Formación Ética y Ciudadana”.
Dicho trabajo práctico solicitaba realizar una investigación acotada sobre alguno de los derechos que reconoce nuestra Constitución Nacional, tratando de identificar si durante la última década se han visto ampliados. Al mismo tiempo se buscaba reconocer cuáles son los aspectos pendientes para que estos derechos se puedan consolidar y seguir ampliando en nuestro país.
Fue una experiencia muy positiva, con muy buenas producciones que arrojaron reflexiones sumamente interesantes sobre el tema propuesto. Se presentaron en total cinco trabajos, que estudiaron el siguiente espectro de derechos: derecho a la educación enfocado en la aplicación del Plan Fines y desde el Programa Conectar Igualdad, derecho al acceso a la información pública, derechos a la seguridad social analizados a partir  de la Asignación Universal por Hijo y derecho al sufragio abordado a partir de la Ley 26.774 del voto a los 16 años.
Uno de los grupos desarrolló la investigación solicitada a partir de una entrevista al Diputado Nacional del Frente Renovador Oscar Martínez. A continuación se comparte dicha entrevista que logró el grupo conformado por los alumnos: Matías Bertona, Selene Torres, Luciana Mascotto, Mario Farioli y Juan Manuel Lanso.

Profesor W. Hernán Ockstat


Entrevista al Diputado Nacional Oscar Martínez
Oscar Ariel Martínez,  nació en el año 1968, en Felicia (Santa Fe). Cursó sus estudios primarios en la Escuela San Roque de Santa Fe y su secundario en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, para recibirse de Bachiller. A los 22 años se recibió de Abogado en la Universidad Nacional del Litoral. Con 29 años creó la Fundación Centro. En la última campaña electoral (2007) logró más de cincuenta mil adhesiones de votantes, y de esa forma, el espacio de “100% Santafesino” que lidera, se convirtió en la tercera fuerza política de la provincia

- ¿Qué importancia tiene para Usted el derecho al acceso a la información pública?
- “Bueno, en realidad, el Estado tiene el rol de representar los intereses de los ciudadanos, y en ese aspecto que el desempeño de las tareas de quienes ejercen las funciones públicas puedan hacerse de manera transparente, tiene que ver con la calidad institucional, por lo tanto digamos, este derecho amparado constitucionalmente, debe tener una regulación razonable que permita que el ciudadano pueda controlar los actos de gobierno y a la vez tener acceso a la información de las decisiones de los ámbitos públicos.
Una legislación  que permita la transparencia de los actos de gobierno, se viene discutiendo en distintos niveles, tanto a nivel local, municipal, como a nivel nacional y provincial. En el Congreso de la Nación este debate se está dando. Existen once proyectos  de diversas fuerzas políticas y lo que se pretende instrumentar es cómo puede hacer  un ciudadano para acceder a la información  de las áreas de gestión, y a la vez cómo debe hacer el gobierno para que sus actos puedan ser publicitados, puedan ser transparentes y toda la ciudadanía pueda obtener acceso a esas decisiones.”

- ¿Cree Usted que actualmente se está respetando este derecho?
- “No, justamente por eso, a lo que se aspira es a regularlo y a establecer plazos para la contestación y solicitud de información. Actualmente digamos, por ejemplo, en el gobierno nacional existe enorme dificultad e incluso  para lograr información de gestión aun de las áreas del poder legislativo, con más razón se le dificulta a un particular.
Nosotros como legisladores  tenemos la oportunidad de hacer pedidos de informe al gobierno que son aprobados por la cámara y aun así estos informes no son solicitados, existen dificultades para acceder a la información de organismos importantes desde el punto de vista constitucional como la Auditoría General de la Nación o la Comisión Revisora de Cuentas (comisión bicameral destinada a controlar el funcionamiento del Estado) y a estos organismos les cuesta acceder a la información aun cuando está establecido el punto de vista constitucional, con más razón, siendo repetitivo, le cuesta a los particulares acceder a la información del accionar de los funcionarios públicos. Por eso, la ley lo que establece y plantea son mecanismos para que un ciudadano pueda solicitar esa información y, a la vez, establece plazos concretos para que la administración pública pueda responder y obviamente también, establece limitaciones porque existen dentro del funcionamiento del Wstado áreas sensibles e información sensible en donde debe establecerse una limitación. Por ejemplo, en el caso del secreto bancario o información que tenga  que ver con la seguridad nacional o la parte interior, que son datos sensibles donde el Estado no puede por una “razón de Estado” brindarle esa información a cualquier particular.”

- ¿Qué opina de los medios que publican información que incomoda al Estado? ¿Cree que dicen la verdad?
- “La libertad de prensa, protege ese derecho más allá que pueda incomodar o no a los funcionarios o al gobierno. La verdad es que en nuestro sistema los medios de comunicación tienen el rol de controlar a través de sus micrófonos, a través de sus canales de televisión el funcionamiento del Estado, de sus gobernantes y del  ámbito político.
La corte Suprema de Justicia ha sido de verdad muy contemplativa a la hora de proteger la libertad de prensa, si bien no existe un derecho absoluto, le ha dado una extensión enorme para poder garantizar la calidad institucional. Así que es como un derecho que especialmente está protegido para garantizar una sociedad democrática y para que aquellos que gobiernan  más allá del poder que le instituye nuestra Constitución y la representación que le dá la ciudadanía, sepa que hay un control ciudadano que a veces es ejercido a través de los medios de comunicación. En general, el accionar de un medio de comunicación de un periodista sólo puede ser sancionado si existe mala fe, si existe real malicia, sino la legislación de nuestra Constitución prefiere aun a costa de no ser veraz la información que se suministra, proteger la libertad de expresión por encima incluso de la tutela de los funcionarios públicos.”

- ¿Para Usted qué pasaría si no existiera este derecho? ¿Cómo afectaría?
- ”Bueno, si no existiera el derecho al acceso a la información muy probablemente, cercenaríamos las libertades y especialmente  afectaríamos a la democracia. De verdad que, en un Estado democrático, las autoridades son representantes del pueblo, pero el pueblo tiene la posibilidad de controlar el funcionamiento de aquellos que ejercen esa representación de diversas maneras, uno y el más conocido es a través del voto que periódicamente es un instrumento para que la ciudadanía efectivamente pueda ratificar la confianza o revocarla, pero también, la posibilidad de acceder a la información y a la publicidad de los actos de gobierno y el control de esos actos de gobierno por parte de la ciudadanía, son un instrumento de un Estado democrático.
Podríamos decir que en un régimen totalitario, en donde se cercenan las libertades individuales en pos de imponer un modo o un estilo de vida por parte de quienes nos gobiernan, una de las primeras libertades que se pierden es el acceso a la información y la libertad de prensa. Entonces empieza la teoría del relato donde todos aquellos que piensan distinto que la opinión del Estado terminan siendo enemigos de la legalidad y, por lo tanto, quedan excluidos de ese régimen. Existen antecedentes históricos y actuales en el mundo y confrontan con un Estado democrático en donde podemos convivir con las diferencias, en donde el que no opina como nosotros no es nuestro enemigo y en donde todas las expresiones políticas y las opiniones, son válidas para la construcción de nuestra democracia. Si hay uestá expresado esta situación, es en el ámbito del Parlamento.”

- ¿Cambió desde hace unos años hasta la actualidad el modo de ejercer el derecho al acceso a la información pública?
- ”Sí, obviamente esto va evolucionando. Uno de los temas más importantes para fortalecer e incrementar la publicidad de los actos de gobierno es la existencia de las tecnologías de la comunicaciones y la información. Recordemos que antes para que una ley fuera conocida por la ciudadanía debía ser publicada en el boletín oficial. Este era un diario de papel. Después a partir de allí venían las publicaciones en otros medios gráficos y así se iba conociendo la  ley por el conjunto de la sociedad. Hoy a través de los medios, de las tecnologías de la información y comunicaciones uno puede estar al tanto de lo que sucede no solamente en el ámbito del Congreso o a partir de decisiones del poder ejecutivo promulgando leyes sino también que tomando conocimiento de los decretos que dicta el poder ejecutivo, de las resoluciones de los ministerios , de las resoluciones de las distintas secretarías, de las resoluciones de los distintos organismos de control, acceso a los informes de gestión que se realizan a través de los distintos departamentos de auditoría interna. Hasta puede tomarse conocimiento de la agenda de audiencia de los distintos funcionarios públicos y, por ejemplo, tener acceso al accionar no solamente del poder ejecutivo, también del accionar de los jueces y de los legisladores. De los jueces conociendo las resoluciones que toman a partir de sus sentencias, de los legisladores a partir de los proyectos que presentan en la cámara.”

- El derecho al acceso a la información pública, ¿Tiene algún punto débil?
- “Sí, existen debilidades. En este momento el debate que se está dando  en el ámbito del Congreso, más allá de las distintas posturas que existen o de los distintos proyectos es, si esta ley sirve para transparentar los actos de gobierno o si además de eso va a permitir que el gobierno acceda a la información de las empresas privadas. Aquí hay una enorme preocupación de quienes abrazamos el sistema democrático  y vemos que el gobierno está transitando por un camino riesgoso que puede desembocar en posiciones autoritarias, porque de verdad que no puede utilizarse este derecho  para avanzar sobre las libertades individuales y avanzar sobre lo privado para tratar de controlar al resto de la sociedad producto de acciones autoritarias del gobierno.”


- ¿Se le podría hacer alguna reforma a este derecho?
- “Si claro, nosotros hemos suscrito una iniciativa y estamos discutiendo con las otras fuerzas políticas, siempre hay reticencias de parte del poder ejecutivo de avanzar sobre la consolidación en una norma de este derecho, pero de verdad que, es un adorno  porque la transparencia y el control de la política pública permite la corrección de esas políticas.
Las políticas públicas son planificación, ejecución y control, para volver a planificar la política pública, volver a ejecutarla, volver a controlarla y mejorar el desempeño del Estado. En este aspecto nosotros creemos enormemente en la transparencia en la gestión de gobierno y creemos que ésta es una herramienta esencial,  así que nosotros aspiramos a una norma que garantice este derecho y permita que sea una realidad en concreto, que fortalezca la publicidad de los actos de gobierno y a la vez que permita al conjunto de la sociedad acceder a los actos de gobierno,  porque el destinatario de las políticas públicas es el ciudadano.”

Matías Bertona, Selene Torres, Luciana Mascotto, Mario Farioli 
y Juan Manuel Lanso. (5to. 2da.)